Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y se dictan otras disposiciones

 

ARTÍCULO 18. Modifícase el artículo 441 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 9o de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 441. Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título II y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor de doce (12) años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.

 

4.2.    Problema jurídico planteado

Le corresponde a la Corte determinar, si el legislador al excluir del ámbito de aplicación del tipo penal de omisión de denuncia de particular respecto a las conductas de proxenetismo, a los adolescentes (mayores de 12 años y menores de 18 años), vulneró el derecho a la igualdad, los derechos fundamentales de los niños y los derechos de los adolescentes previstos en la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Niño.

4.3.    Decisión

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de doce (12) años”,  contenida en el artículo 18 de la Ley 1121 de 2006, que modificó el artículo 441 del Código Penal.

4.4.    Fundamentos de la decisión

El artículo 18 de la Ley 1121 de 2006, que modifica el artículo 441 del Código Penal, contempla la conducta punible de “omisión de denuncia de particular”, que tiene por objeto establecer una medida de protección a favor del menor de 12 año, al sancionar con prisión de 3 a 8 años, a quien teniendo conocimiento de la comisión de cualquiera de la conductas de proxenetismo, contempladas en el Capítulo IV del Título IV, omita sin justa causa informar de ello de manera inmediata a la autoridad.

Para la Corte, ab initio podría sostenerse que el legislador colombiano al establecer como sujeto pasivo del tipo penal de omisión de denuncia de particular respecto a las conductas de proxenetismo, sólo a los menores de 12 años, busca cumplir a cabalidad los imperativos constitucionales e internacionales de derechos humanos que disponen una protección preferente de los menores, especialmente a quienes por su condición de niñez (0 a 12 años), requieren de una protección mayor dada su falta de madurez, además, que se estaría frente a una ley de mayor impacto social. No obstante, para la Corte, esta conclusión inicial carece de exactitud constitucional, toda vez que la disposición impugnada parte de establecer una protección limitada tan solo a los “menores de doce (12) años”, con lo cual termina excluyendo de su órbita de amparo y sin justificación constitucional alguna a los adolescentes (mayores de 12 años y menores de 18 años), quienes también son menores de edad.

A juicio de la Sala, el criterio diferenciador empleado por el legislador en la norma penal cuestionada, no supera un test de razonabilidad, como quiera que la restricción establecida al sujeto pasivo –que sea menor de 12 años- no encuentra un fin constitucionalmente legítimo, ni imperioso, al excluir a la población adolescente del ámbito de protección constitucional al que, como menores de edad, tienen derecho por ser menores de 18 años. Ello obliga a la Corte a prescindir del análisis de las demás fases del juicio, al no cumplirse al menos con la exigencia inicial. Sin duda, la norma demandada priva a un grupo significativo de menores de edad –adolescentes- de una importante medida de protección penal que busca asegurar el goce efectivo de bienes preciados como la libertad, la integridad y la formación sexual. Por consiguiente, no resulta razonable ni proporcionado el aparte acusado dado que se muestra como una medida abiertamente discriminatoria, al generar una grave desprotección para con los derechos de los adolescentes. A lo anterior se agrega la realidad social que muestra en Colombia una problemática que enfrentan los adolescentes  y que hace imperante la intervención del Estado para garantizar, sin reparo alguno, el interés superior del menor frente a las conductas de proxenetismo, para lo cual es importante que el particular denuncie estas conductas. En ese sentido, la omisión de denuncia de particular, como expresión del deber de solidaridad y colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95 C.P.), tratándose de los delitos de proxenetismo, debe comprender como sujeto pasivo a todo menor de edad. Por lo expuesto, la expresión “de doce (12) años” contenida en el artículo 18 de la Ley 1121 de 2006, que modificó el artículo 441 del Código Penal, es inexequible.  

 

5.1.    Norma acusada

LEY 1142 DE 2007

(junio 18)

Por medio de la cual se reforman las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000  y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana

ARTÍCULO 50. El Código Penal tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:

Artículo 38A. Sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión. El Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar la utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la prisión, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

1. Que la pena impuesta en la sentencia no supere los ocho (8) años de prisión, excepto si se trata de delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

2. Que la persona no haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.

3. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

4. Que se realice el pago total de la multa.

5. Que sean reparados los daños ocasionados con el delito dentro del término que fije el Juez.

6. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones, las cuales deberán constar en un acta de compromiso:

a) Observar buena conducta;

b) No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de la pena;

c) Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción que implique la medida;

d) Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la pena cuando fuere requerido para ello.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el acta de compromiso dará lugar a la revocatoria de la medida sustitutiva por parte del Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

PARÁGRAFO. Los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión se implementarán gradualmente, dentro de los límites de la respectiva apropiación presupuestal. La gradualidad en la implementación de los sistemas de vigilancia electrónica será establecida por el Ministerio del Interior y de Justicia.

Este artículo será reglamentado por el Gobierno Nacional para garantizar las apropiaciones del gasto que se requieran para la implementación del citado sistema de vigilancia electrónica dentro de los 60 días siguientes a su sanción.

5.2.    Decisión

La Corte resolvió INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de inconstitucionalidad del numeral 4º del artículo 38 A del Código Penal, por ineptitud sustantiva de la demanda.

5.3.    Fundamentos de la decisión

La proposición jurídica que se demanda reconoce como uno de los presupuestos para que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad pueda utilizar el sistema de vigilancia electrónica sobre un condenado durante la ejecución de la pena, que realice el pago total de la multa. A juicio de la Corte, de una lectura atenta de la disposición, no se observan todas las consecuencias jurídicas reclamadas, pues en la misma no se establece que no pueda reconocerse la situación económica del condenado, ni que no puedan estimarse aplicables los mecanismos sustitutivos de la amortización a plazos o mediante trabajo.

Ahora bien, ante el hecho de que el sentido y alcance del numeral 4º del artículo 38 A del Código Penal no contiene todos los enunciados normativos a los que alude y que la argumentación de la demanda se basa en una cierta interpretación de apartes del artículo 39 del Código, la corporación analizó si era posible efectuar la integración por unidad normativa. Sin embargo, encontró que el artículo 39 no crea en sentido estricto una relación inescindible con lo previsto en el numeral 4º del artículo 38 A, pues la regulación legal sobre la pena de multa y todas las normas de las que se compone, pueden ser analizadas en forma independiente al presupuesto del “pago total de la multa”, necesario para que el juez pueda decretar el sustitutivo de la prisión por el sistema de vigilancia electrónica.

Además de que se descartó la opción de integrar la unidad normativa, la Corte encontró que existía ineptitud sustantiva de la demanda, como quiera que frente al único cargo formulado sobre la presunta vulneración del principio de igualdad, no se esbozaron razones que permitan determinar por qué la disposición acusada crea un trato desigual contrario a la Constitución. Por lo tanto, no procedía un pronunciamiento de fondo sobre la presente demanda.

6.1.    Norma acusada

LEY 1233 DE 2008

(julio 22)

Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones.

 

ARTÍCULO 1o. CONTRIBUCIONES ESPECIALES. Créase las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar que se escoja”.

ARTÍCULO 2o. ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES. La actividad de trabajo desempeñada por parte de los asociados dará origen a las contribuciones especiales, a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar.

Para todos los efectos, el ingreso base de cotización para la liquidación de las contribuciones especiales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, será la compensación ordinaria mensual establecida en el régimen de compensaciones, y para las Cajas de Compensación Familiar será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria mensual devengadas.

La tarifa será igual al nueve por ciento (9%) y se distribuirá así: tres por ciento (3%) para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, dos por ciento (2%) para el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y cuatro por ciento (4%) para la Caja de Compensación. En ningún caso las contribuciones de que trata esta ley serán asumidas por el trabajador o asociado.

PARÁGRAFO 1o. El pago de las contribuciones con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar deberá ser realizado a partir del primero (1o) de enero de dos mil nueve (2009).

PARÁGRAFO 2o. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado tendrán un representante en la Junta Directiva del Sena y un representante en la Junta Directiva del ICBF, quienes serán designados por las confederaciones nacionales que se las agremien.

ARTÍCULO 5o. RESPONSABILIDAD. A las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado les serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes establecidas en materia de pagos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar.

Tales contribuciones serán asumidas y pagadas en su totalidad por las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado con la base establecida en la presente ley”.

PARÁGRAFO. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado tendrán responsabilidades de la cuota de aprendices solo sobre los trabajadores dependientes que tengan.

6.2.    Problema jurídico planteado

Constatado que no se cumplen los requisitos para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el artículo 5º de la Ley 1233 de 2008, la Corte debe definir (i) si vulnera el derecho de igualdad de las cooperativas de trabajo asociado, brindar tratamiento tributario igualitario a empresas de naturaleza diferenciada, al imponer el mismo régimen de contribución parafiscal propio de las empresas comerciales y (ii) si dado que las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado tienen el carácter de organizaciones solidarias, la imposición de  esa contribución por el legislador, desconoce la obligación del Estado de fortalecer ese tipo de organizaciones.

6.3.    Decisión

Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los artículos 1º y 2º y los dos primeros incisos del artículo 5º de la Ley 1233 de 2008.

Segundo.- Declararse INHIBIDA para pronunciarse en relación con el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1233 de 2008, por ineptitud sustantiva de la demanda.

6.4.    Fundamentos de la decisión

En primer término,  la Corte reafirmó la amplia potestad de configuración legislativa del Congreso en materia tributaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.12 y 338 de la Constitución Política. Así mismo, indicó que a la facultad impositiva del Estado le es correlativo el deber previsto en el artículo 95.9 de la Carta, según el cual uno de los deberes de la persona y el ciudadano es “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado”. A su vez, recordó que el sistema tributario se basa en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. En armonía con lo anterior, la propiedad y la empresa tienen una función social que implica obligaciones (arts. 58 y 333 C.P.), como corresponde en un Estado social de derecho fundado en la solidaridad y la prevalencia del interés general.

En el caso concreto, las normas demandadas imponen unas contribuciones especiales a cargo de un tipo de personas jurídicas -cooperativas y precooperativas de trabajo asociado-, definen la base gravable, la tarifa, el hecho generador y las entidades destinatarias y determinan las reglas aplicables para el pago de las mismas. A la luz del amplio margen de configuración normativa en materia impositiva que la Constitución y la jurisprudencia constitucional le han reconocido al legislador, las disposiciones acusadas de la Ley 1233 de 2008 no vulneran la Carta Política y de hecho, cumplen en su contenido esencial, los requisitos mínimos para ejercerla.

Al mismo tiempo, la Corte resaltó que la naturaleza jurídica, las finalidades, estructura y funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado son distintas a las de las empresas comerciales y por lo tanto, es válido que el legislador defina para ellas un régimen diferente, especialmente en el ámbito laboral. No obstante, ese régimen diferenciado no puede desconocer que el trabajo que desempeñan los asociados a las Cooperativas de Trabajo Asociado goza de la misma protección constitucional, pues lo que protege la Carta no es el trabajo como concepto abstracto, sino “al trabajador y su dignidad”. En el presente caso, el problema jurídico que se plantea no alude sin embargo, a las relaciones entre la cooperativa y el trabajador asociado sino a obligaciones que la ley establece a cargo de las Cooperativas de Trabajo Asociado, puesto que las contribuciones especiales a las cuales se refieren los artículos demandados no están a cargo de los trabajadores asociados, sino de las cooperativas mismas.  Para la Corte, la comparación que cabe hacer en el presente caso, es entre las Cooperativas de Trabajo Asociado, por una parte, y por otra, todo ente obligado a pagar contribuciones al ICBF, al SENA y a las Cajas de Compensación Familiar, sin importar su naturaleza, estructura o régimen jurídico.

Efectuado el cotejo anterior, la Corte llegó a la conclusión de que las normas demandadas de la Ley 1233 de 2008 no vulneran el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, por cuanto: (i) las contribuciones especiales que en ellas se crean y regulan no se imponen sobre los trabajadores asociados de las Cooperativas de Trabajo Asociado, sino que constituyen una carga para las cooperativas mismas como personas jurídicas; (ii) existe una gran diferencia en el impacto de la carga contributiva en dichas cooperativas y la compensación reconocida a sus trabajadores, toda vez que regularmente el trabajador dependiente de una empresa no se beneficia en forma directa de las utilidades que arroja la empresa, mientras que el trabajador asociado sí; (iii) igualmente, existen otras organizaciones obligadas a pagar contribuciones parafiscales comparables a las especiales que se demandan, en las que la distinción entre empleador y empleados se disuelve de manera análoga, lo que impide hablar de una discriminación específica en contra de éstas cooperativas; (iv) en las empresas donde la distinción entre empleado y empleador es nítida, es discutible que a los trabajadores no les represente ningún costo o carga la existencia de aportes parafiscales, con lo cual se derrumba el argumento de presunta discriminación. Por el contrario, no hay ninguna razón por la cual los trabajadores asociados a las Cooperativas de Trabajo Asociado tengan que verse excluidos de los beneficios derivados de las contribuciones especiales, o las cooperativas a las que pertenecen deben eximirse de contribuir a su concreción. Así, las normas demandadas realizan el fin constitucionalmente dispuesto de proteger el trabajo en todas sus modalidades y garantizar al trabajador el acceso a servicios de capacitación laboral, atención a la familia e incluso a la seguridad social, en desarrollo del principio de solidaridad.

Por otro lado, la Corte señaló que la obligación constitucional de fortalecer un determinado sector, no pasa necesariamente por la imposibilidad de imponerle cargas, regulaciones o requisitos. Por el contrario, si esas cargas o requisitos contribuyen a la formalización del respectivo sector, o su homologación económica, jurídica y organizativa con otros sectores comparables de la economía, al mayor bienestar de quienes en él participan y a que hagan valer los principios de solidaridad y dignidad que inspiran la Constitución Política, disposiciones que encuentran pleno respaldo constitucional. Tal es el caso de las normas demandadas en el presente caso, en las que se imponen contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas de Trabajo Asociados destinadas al ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación Familiar, que financian programas de apoyo a los trabajadores y sus familias de las cuales no debería estar excluido ningún trabajador. Por consiguiente, tampoco prospera el cargo por vulneración de los principios de dignidad o solidaridad.

7.1.    Normas revisadas 

TEXTO REELABORADO Y REINTEGRADO DEL PROYECTO DE LEY No. 012/06 CAMARA – 087/07 SENADO

Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones.

 

 (…)

Artículo 17. El artículo 93 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 93. Control de Infracciones de Conductores. Los organismos de tránsito deberán reportar diariamente el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por infracciones de tránsito las infracciones impuestas, para que este a su vez, conforme y mantenga disponible para el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.

Parágrafo 1º. La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con multa equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv) a las empresas de transporte público terrestre automotor, que tengan en ejercicio a conductores con licencia de conducción suspendida o cancelada.

Parágrafo 2º. Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo antes indicado serán sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv).

(…)

Artículo 19. El artículo 102 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

 

Artículo 102. Manejo de escombros. Cada municipio determinará el lugar o lugares autorizados para la disposición final de los escombros que se produzcan en su jurisdicción, el manejo de estos materiales se hará debidamente aislado impidiendo que se disemine por las vías y de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, bajo la responsabilidad del portador del permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito quien será responsable del control de vigilancia del cumplimiento de la norma, sin perjuicio que se le determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso público. El incumplimiento de esta norma, se sancionará con multa de treinta (30) s.m.l.d.v.

 

Parágrafo. Será sancionado con una multa de (30) s.m.l.d.v., quien transportando agregados minerales como: Arena, triturado o concretos, no aísle perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos.

 

[…]

Artículo 21. El artículo 131 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 131. Pérdida de puntos y multas. Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas o con multas y pérdida de puntos, de acuerdo con el tipo de infracción así:

A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

A.1 No transitar por la derecha de la vía.

A.2 Agarrarse de otro vehículo en circulación.

A.3 Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción.

A.4 Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones.

A.5 No respetar las señales de tránsito.

A.6 Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos.

A.7 Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso.

A.8 Transitar por zonas prohibidas.

A.9 Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles.

A.10 Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad.

A.11 Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo no automotor será inmovilizado.

A.12 Prestar servicio público con este tipo de vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días.

B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de un (1) punto, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

B.1 Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.

B.2 Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.

B.3 Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.

B.4 Con placas adulteradas.

B.5 Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.

B.6 Con placas falsas.

En estos casos los vehículos serán inmovilizados.

B.7 No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado.

B.8 No pagar el peaje en los sitios establecidos.

B.9 Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público.

B.10 Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia.

B.11 Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad.

B.12 No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres.

B.13 No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito.

B.14 Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código.

B.15 Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado.

B.16 Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros.

B.17 Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros.

B.18 Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir con lo estipulado en el presente código.

B.19 Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.

B.20 Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de Transporte.

B.21 Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales y en quebradas.

B.22 Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero.

B.23 Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento.

C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de dos (2) puntos, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

C.1 Presentar licencia de conducción adultera da o ajena, lo cual dará lugar a la inmovilización del vehículo.

C.2 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.

C.3 Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito.

C.4 Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este código, las señales de peligro reglamentarias.

C.5 No reducir la velocidad según lo indicado por este código, cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros.

C.6 No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo.

C.7 Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril.

C.8 Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en este código.

C.9 No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella.

C.10 Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas.

C.11 No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este código o en la reglamentación correspondiente.

C.12 Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido.

C.13 Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece de limitación física.

C.14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado.

C.15 Conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación.

C.16 Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios, además el vehículo será inmovilizado.

C.17 Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente.

C.18 Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de calidad y seguridad exigidas por la autoridad competente o este no esté en funcionamiento, además el vehículo será inmovilizado.

C.19 Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades.

C.20 Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas. Además el vehículo será inmovilizado.

C.21 No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación.

C.22 Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie dicha situación.

C.23 Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello.

C.24 Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código.

C.25 Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos.

C.26 Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril.

C.27 Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad, además el vehículo será inmovilizado.

C.28 Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos.

C. 29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.

C.30 No atender una señal de ceda el paso.

C.31 No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.

C.32. No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas.

C.33 Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques.

C.34 Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este código.

C.35 No realizar la revisión tecnicomecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones tecnicomecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes, además el vehículo será inmovilizado.

C.36 Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado.

C.37 Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas.

C.38 Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.

C. 39. Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en el artículo 77 de este Código.

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de tres (3) puntos, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

D.1 Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.

D.2 Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado.

D.3 Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.4 No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.6 Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.7 Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.8 Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.9 Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces.

D.10 No permitir el paso de los vehículos de emergencia.

D.11 Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad.

D.12 Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga las salidas de emergencia exigidas. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado y al propietario. Si se tratare de vehículo particular, se impondrá la sanción solidariamente al propietario.

D.13 Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días.

D.14 En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado.

D.15 Las autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata de los vehículos que usen para su movilización combustibles no regulados como gas propano u otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de los peatones.

D.16 Cambio del recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado el vehículo y al propietario. Además el vehículo será inmovilizado, salvo casos de fuerza mayor que sean debidamente autorizados por el agente de tránsito.

E. Será sancionado con multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales diarios vigentes y con la pérdida de seis (6) puntos el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

E.1. Proveer combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a bordo.

E.2 Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, siempre que dicha negativa cause alteración del orden público.

E.3. Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá a lo establecido en el artículo 152 de este código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa pecuniaria, la pérdida de puntos y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

E.4. Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no autorizados etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) año y por dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo será inmovilizado por un (1) año cada vez.

Parágrafo 1°. El conductor que no haya sido sancionado en un período de un (1) año, se le restablecerán los puntos perdidos.

Parágrafo 2°. Las infracciones de tránsito, cuya sanción sea la imposición de multas descritas en otros artículos de la Ley 769 de 2002, darán lugar además, a la pérdida de 1, 2, 3 ó 6 puntos, si la sanción de multa es en su orden de 8, 15, 30 ó 45 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Artículo 24. El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 136. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, igualmente, o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo. En cualquiera de estos dos eventos  deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde se cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor de la multa y el veinticinco por ciento (25%) o el cincuenta por ciento (50%) restante, según el caso, lo pagará el organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el contraventor deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.

Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el ciento por ciento (100%) del valor de la multa prevista en el código.

Si el inculpado no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.

Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa y la comparecencia podrá efectuarse en cualquier lugar del país.

Parágrafo 1°. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.

Parágrafo 2°. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos los conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito podrán acogerse al descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa y de los intereses.

Artículo 25. El artículo 152 de la Ley 769 de 2002, quedará así.

 

Artículo 152. Grado de alcoholemia. En un término no superior a 30 días contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los límites de los diferentes grados de estado de embriaguez.

 

Si hecha la prueba de alcoholemia se establece:

 

Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) años, y la obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación debidamente autorizados, por un mínimo de cuarenta (40) horas.

 

Tercer grado de embriaguez y se decretará, a más de la sanción de multa, se decretará la suspensión entre tres (3) y diez (10) años de la licencia de conducción, y la obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación debidamente autorizados, por un mínimo de ochenta (80) horas.

 

Será criterio para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o cosas a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.

 

Parágrafo 1°. La reincidencia en un tercer grado de embriaguez, será causal para determinar la cancelación definitiva de la licencia de conducción.

 

Parágrafo 2°. La certificación de la sensibilización será indispensable para la entrega de la licencia de conducción suspendida.

7.2.    Decisión

Primero.- Declarar cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución, en cuanto a los artículos 17 y 21 del Proyecto de Ley No. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”. En consecuencia, los declarará EXEQUIBLES.

Segundo.- Declarar que en la reelaboración del proyecto de ley No. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, en lo concerniente a los artículos 19 y 25 no se desconoció la Constitución, y por ende, se declarar EXEQUIBLES.

Tercero.- Declarar que en la reelaboración del proyecto de ley No. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, en relación con el artículo 24 del mismo, el Congreso se excedió en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, las modificaciones efectuadas al mencionado artículo se entenderán por no realizadas.

7.3.    Fundamentos de la decisión

De conformidad con el artículo 167 de la Constitución Política, la competencia de la Corte en el presente caso se limita a establecer si el Congreso de la República, luego de haber reelaborado e integrado el proyecto de ley, acorde con lo dispuesto en la sentencia C-321/09, mantuvo dos sistemas sancionatorios administrativos semejantes, en este caso, por puntos sobre la licencia de conducción en función de la infracción de tránsito cometida, lo cual vulneraba el artículo 29 de la Carta, en la medida que quedaba al arbitrio de la autoridad de tránsito, la aplicación de uno u otro sistema.

En la sentencia C-321 del 11 de mayo de 2009, la Corte se pronunció acerca de las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional respecto de varios artículos  del proyecto de ley No. No. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”. La decisión de la Corte se circunscribió a considerar que en un mismo texto normativo no podían coexistir dos sistemas administrativos sancionatorios fundados en un mismo método, como lo es aquel de la imposición de puntos a la licencia de conducción.

El Congreso de la República decidió, en consecuencia, rehacer e integrar el proyecto de ley suprimiendo toda referencia al mencionado sistema. Así mismo, hubiera sido igualmente válido dejar un solo sistema sancionatorio. Ambas decisiones se ajustan a la ratio decidendi de la sentencia C-321/09, por cuanto, el problema estribaba en la coexistencia de dos artículos en el proyecto de ley que regulaban una misma materia (sistema de sanciones a los conductores por puntos), pero de diferente manera, pues uno era más gravoso que el otro.

En consecuencia, la Corte declaró cumplida la exigencia del artículo 167 de la Carta, en cuanto a los artículos 17 y 21 del proyecto de ley No. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”  y por ende, los declaró exequibles.

En cuanto se refiere a las correcciones sintácticas efectuadas a los artículos 19 y 25 del proyecto de ley, la corporación consideró que si bien la labor de rehacer e integrar el texto del proyecto no incumbía a estos artículos, pues no se trataba del tema del sistema sancionatorio por puntos, el Congreso no se excedió en sus atribuciones por cuanto se limitó a realizar unos ajustes de redacción de las citadas disposiciones, que en nada cambian su sentido y alcance. Todo lo contrario, ya que tales ajustes contribuyen a mejorar la precisión de la ley. Por consiguiente, la Corte declaró exequibles los artículos 19 y 25 en lo que tiene que ver con las correcciones realizadas por el Congreso. 

No ocurre lo mismo con el artículo 24 del proyecto de ley, pues el Congreso de la República introdujo a esa disposición diversas modificaciones al sentido y alcance del proyecto, que van mucho más allá de un problema de sintaxis, extralimitándose en el ejercicio de sus facultades. En efecto, como se puede apreciar al comparar la norma anterior con el nuevo texto, se introdujeron cambios importantes en la regulación de las multas, en especial, en lo atinente a los porcentajes; de hecho introdujo un nuevo del 50% sin mayor explicación. En consecuencia, tales modificaciones deben entenderse como no efectuadas.

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

President